11 de abril de 2022
La situación política nacional sigue en franco deterioro y esta semana la violencia se ha abierto paso ante la ausencia e incapacidad de diálogo.
Las marchas de legítima protesta en contra del alza de costo de vida en general se vieron invadidas por elementos delincuenciales que desataron episodios de violencia, saqueo y muerte. Seis personas perdieron la vida en circunstancias que son materia de investigación (o debiera serlo). Además, se produjo un sospechoso incendio en la sede de la dirección de delitos complejos de la PNP. Durante la marcha del martes, en protesta por el decreto de inamovilidad, grupos de delincuentes penetraron en las oficinas del poder judicial en la sede de Av. Abancay sustrayendo documentos con contenido desconocido. Sobre esto, Paulina López un miembro de la fiscalía y el equipo Lava Jato, quien está analizando el caso “cockteles” (Odebrecht) contra Keiko Fujimori sufrió el robo de su computadora con invasión de domicilio.
Estas supuestas coincidencias generan todo tipo de hipótesis ya que, tanto el partido de gobierno, como el corpus principal de la oposición, enfrentan serias acusaciones fiscales por delitos de corrupción. El gobierno de Pedro Castillo parece haber traído consigo la experiencia de sucesivos gobiernos regionales, la mayoría de los cuales se encuentran procesados o acusados de corrupción.
La corrupción es la única ideología realmente imperante en el país, en donde por primera vez en la historia, la “argolla tradicional” ha perdido el poder ante una nueva “argolla” provinciana como lo explica el politólogo Alberto Vergara, “la clase alta ya no tiene el whatapp de los ministros”, ilustrando la pérdida de privilegios y el miedo desatado en un sector de la sociedad.
Según Claudia Rosas, investigadora de la PUCP, la sociedad viene siendo influenciada por el viejo discurso del miedo a las masas, a los “cerros”, al viejo miedo a la “indiada” que data de períodos coloniales. Es decir, es un miedo congénito y replicado de generación en generación. Hasta aquí se explica el origen del problema, pero la consecuencia del miedo será la violencia si las partes en conflicto no actúan con madurez política.
Se podría afirmar que el Perú ha sido secuestrado por la corrupción, en un intento para simplificar la multiplicidad de factores que componen esta compleja problemática. Es probable que nos encontremos ante una coyuntura histórica en donde se enfrentan intereses de grupo y también de clase. Sin pretender ser alarmista, si las partes no moderan el discurso la violencia será inevitable.
Situación económica y social
El discurso de los economistas tradicionales se ha vuelto pesimista y tenebroso, lo es normal cuando las acciones de gobierno contradicen los intereses privados. Generalmente proyectan escenarios sombríos, negativos, empleando calificadoras privadas y relacionadas con los agentes económicos hegemónicos del país. Sin embargo, la realidad económica continúa mostrando cierta solidez a pesar del conflicto político. El tipo de cambio con la divisa permanece inusualmente estable. Los esfuerzos del BCRP, el pago de obligaciones empresariales y el gasto escolar de las familias podrían explicar un porcentaje de esa estabilidad, pero en el Perú históricamente, cada vez que se produce una crisis política, el precio de la divisa sube de inmediato y esta vez no ocurre. Por otro lado, según la clasificación riesgo país de la OCDE, el Perú mantiene 3 puntos al 11 de marzo, sin modificación (donde Rusia ha subido de 4 a 7 debido a sus acciones ofensivas sobre Ucrania). Pero este escenario podría deteriorarse rápidamente si el conflicto político se profundiza.
La mayoría de las protestas en el país no son recientes ni todas del actual gobierno, estas son recurrentes e históricas, la mayoría de las veces pasaron desapercibidas, pero la prensa actual las visibiliza con inusitada frecuencia. Además, existe el factor “embalse de expectativas”, cuando la sociedad espera el resultado de las promesas políticas que no podrán ser cumplidas por incapacidad de gestión, limitación de medios, etc. Este factor corre el riesgo de deteriorarse incrementándose la protesta popular en todo el país.
Las soluciones:
La opinión pública en general pide “que se vayan todos”, esto se traduce como la renuncia o vacancia presidencial, seguida de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones. Las últimas encuestas recogen esta actitud. ¿Después qué? ¿Quiénes se presentarán nuevamente como postulantes a la presidencia y el Congreso? Casi no queda la mínima duda que se tratará de los mismos actores, los mismos rostros que se enfrentan al rival sin respeto a las mínimas normas de cortesía y civilización que la política exige.
Salir de un entrampamiento político requiere de madurez política. Las partes deben temperar las palabras, disminuir la retórica destructiva y hostil. Las partes deben negociar salidas. La política es negociación y argumento. Y la mejor negociación es cuando todas las partes creen que perdieron algo.
El futuro es incierto. Es ahora cuando se puede evitar el descalabro, injustificado, de una nación que obtenía logros y que tiene muchas cosas por corregir. Está en las manos de los congresistas y el ejecutivo sentarse a dialogar y negociar con responsabilidad. Durante esta semana lo hicieron, no muy bien, pero fue el paso inicial ante una debacle.
Esperemos que la razón se imponga sobre el interés. No debemos ser rehenes de la corrupción.
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